La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha situado el problema de la vivienda como una de las grandes prioridades sociales y económicas del país y ha reclamado a comunidades autónomas y ayuntamientos que afronten esta crisis desde la premisa clara de que la vivienda no puede tratarse únicamente como un bien de mercado o un activo financiero, sino como “un derecho”.  Estas son algunas de las conclusiones de la intervención en la clausura de la ministra en el seminario de la UIMP organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) dedicado a la política de vivienda y a la que ha asistido nextllobregat.cat al ser su editora, BCN Content Factory, socio de APIE. En estos tres enlaces tienen los lectores las anteriores entregas de la aportación de este digital al debate sobre la emergencia social para acceder a la vivienda. Encabeza estas líneas el experto Carlos Bardavio durante su participación en la ponencia sobre la encrucijada de la vivienda.

Rodríguez ha defendido que el Gobierno está dispuesto a intervenir para corregir las disfunciones del mercado, controlar los precios del alquiler, limitar el impacto de los pisos turísticos y combatir los fraudes vinculados al alquiler de temporada o por habitaciones. “Como todos los derechos, no se pueden dejar en manos del libre mercado”, sostiene la ministra, que compara la intervención pública en vivienda con la que ya existe en ámbitos como la sanidad o la educación.

Intervenir más en el parque de viviendas actual

El principal eje de la política del Gobierno pasa, según Rodríguez, por consolidar un parque público de vivienda asequible, una asignatura pendiente que exige inversión, tiempo y cooperación entre administraciones. La ministra recuerda que el Estado ha pasado de invertir unos 400 millones de euros en vivienda en 2018 a cerca de 4.000 millones en la actualidad, con un papel relevante de los fondos del Plan de Recuperación. También destaca la creación de Casa 47, la nueva empresa pública destinada a intervenir en todo el ciclo de la vivienda, desde el suelo hasta la gestión de los inmuebles.

Una de las medidas que la ministra considera más inmediatas consiste en actuar sobre el parque de viviendas ya existente. Rodríguez cita los datos del Banco de España, que eleva el déficit residencial hasta las 750.000 viviendas, y señala que en España hay alrededor de 900.000 viviendas que no se destinan a residencia habitual, sino al uso turístico o a la inversión de extranjeros no residentes. “Si consiguiéramos cambiar ese uso, se acabaría el déficit y nos sobraría”, afirma.

Para lograrlo, el Gobierno plantea que las comunidades autónomas puedan comprar estas viviendas con financiación del Plan Estatal de Vivienda, que cubriría hasta el 80% de la operación mediante ayuda directa, siempre que la administración las destine después al alquiler asequible. En los casos en que los propietarios no quieran vender, Rodríguez plantea fórmulas de cesión temporal: rehabilitación de la vivienda con fondos públicos y pago mensual al propietario, a cambio de incorporar el inmueble al mercado residencial asequible.

La ministra insiste en que esta vía permite una actuación más rápida que la construcción de nueva vivienda, que requiere plazos más largos y depende de factores como la disponibilidad de suelo, las licencias municipales y la capacidad del sector de la construcción. Aun así, defiende que el Gobierno también está impulsando la industrialización del sector mediante un PERTE específico para construir de forma más rápida, segura y sostenible.

Reclama a los ayuntamientos que agilicen las licencias

Rodríguez reclama a los ayuntamientos que agilicen licencias y pongan suelo a disposición de las políticas de vivienda. A las comunidades autónomas les exige corresponsabilidad, ya que son las administraciones con competencias directas en la materia. En este sentido, defiende que el nuevo Plan Estatal de Vivienda eleva los recursos hasta los 7.000 millones de euros, con una financiación compartida: un 60% del Estado y un 40% de las comunidades.

La ministra también subraya la necesidad de blindar el parque público para evitar que las viviendas construidas con fondos públicos acaben siendo vendidas al cabo de pocos años. El objetivo, remarca, es que las promociones impulsadas ahora sirvan también para las próximas generaciones y no se repita un modelo en el que el patrimonio residencial público se diluye.

Rodríguez reclama además más transparencia en la adjudicación de vivienda pública y lamenta que España aún no disponga de un registro homogéneo de demandantes que permita saber dónde son necesarias más actuaciones y qué tipo de viviendas se deben construir. Según la ministra, esta información es clave para responder a jóvenes, mayores y colectivos que difícilmente podrán acceder a una vivienda libre.

Atajar el fraude del alquiler de temporada y por habitaciones

El Gobierno también quiere que el Congreso aborde los fraudes vinculados al alquiler de temporada y por habitaciones, dos vías que, según Rodríguez, están tensionando el mercado y reduciendo la oferta residencial. La ministra advierte de reformas de pisos que multiplican habitaciones, eliminan espacios comunes y escapan al control de habitabilidad, y defiende una legislación que regule estas prácticas.

En el plano político, Rodríguez pide acuerdos institucionales y parlamentarios. Asegura que “acordar es obligatorio” ante un problema que afecta a la emancipación de los jóvenes, a la estabilidad de las familias y al propio crecimiento económico del país. La ministra advierte de que el acceso a la vivienda ya no es solo un problema de personas vulnerables, sino un factor que puede estrangular la evolución económica si no se adoptan medidas estructurales.

La vivienda, concluye Rodríguez, exige inversión pública, regulación, cooperación entre administraciones y movilización del parque existente. Una estrategia que interpela directamente a comunidades autónomas y ayuntamientos, también en territorios metropolitanos como el Llobregat, donde la presión de precios, la falta de suelo disponible y la dificultad de emancipación juvenil han convertido el acceso a una vivienda asequible en uno de los principales retos sociales de los próximos años.