El Ayuntamiento destina un primer pago de 700.000 euros de sus remanentes y solicita financiación al Ministerio de Hacienda, después de que el alcalde también se haya reunido con la Generalitat, la Diputación de Barcelona para pedir financiación con la que hacer frente a la condena. El PSC se abstuvo en la votación del plan. En la imagen que encabeza estas líneas, el pleno del ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca.

El Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca ha dado ya el primer paso presupuestario para afrontar la sentencia que le obliga a pagar cerca de tres millones de euros a la promotora inmobiliaria Camier Dos Mil, S. L. por el conflicto urbanístico del sector 21, donde se encuentra el centro comercial Atrium. El pleno ha aprobado por unanimidad este jueves, día 24, una modificación del presupuesto para destinar 700.000 euros del remanente de tesorería a un primer pago.

En la misma sesión, el consistorio ha aprobado un plan de ajuste económico para solicitar financiación al Ministerio de Hacienda y afrontar la cantidad pendiente. Han votado a favor FEM, En Comú Podem, Vox, SOM y PP, mientras que el PSC se abstuvo. Se da la circunstancia que el pleito urbanístico ahora con sentencia en firme se produjo y continuó durante varios mandatos de los socialistas en la población. La solicitud de adhesión al Fondo de Financiación a Entidades Locales, incluida en el orden del día, fija en 2,42 millones de euros el importe de la financiación solicitada.

Situación “muy preocupante”

El gobierno municipal sostiene que esta fórmula permitiría repartir la devolución a largo plazo y reducir el impacto inmediato de la sentencia sobre el presupuesto y los servicios públicos. El pleno también ha acordado crear una comisión especial, con representación de todos los grupos municipales, para seguir la ejecución de la condena y estudiar propuestas.

La obligación de pago procede de una sentencia dictada en enero de 2018, tras un conflicto sobre la gestión urbanística del sector 21 que se remonta a comienzos de los años 2000. Después de diversos recursos, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Barcelona ha determinado que el Ayuntamiento debe afrontar el pago. Según la información facilitada por el consistorio, la cantidad comunicada esta semana comprende 2,2 millones de euros más unos 800.000 euros en intereses.

El alcalde, Marc Giribet, había señalado antes del pleno que su prioridad era comenzar a pagar cuanto antes para evitar que siguieran acumulándose intereses. En una entrevista a Ràdio Sant Andreu ha calificado la situación de «muy preocupante» y ha comparado su magnitud con la capacidad de inversión municipal con recursos propios, que ha cifrado en unos 2 o 2,5 millones de euros a lo largo de un mandato.

SOS del alcalde a las instituciones

Giribet ha mantenido contactos con la Generalitat, la Diputación de Barcelona y las entidades municipalistas para estudiar cómo afrontar la condena. La Generalitat le ha ofrecido apoyo técnico y jurídico, aunque le ha comunicado que no dispone de una línea de subvenciones para pagar sentencias condenatorias. El alcalde también ha explicado que el Ayuntamiento conversa con la parte demandante sobre la ejecución del pago.

La factura judicial llega mientras el futuro del Atrium sigue pendiente. Giribet ha afirmado que el consistorio mantiene conversaciones con los propietarios para impulsar un proyecto de reforma y recuperar la actividad del centro comercial, un espacio que lleva años prácticamente abandonado.