Tejer alianzas para un futuro más justo

Los ODS implican a toda la humanidad, nadie puede permanecer al margen. Para ello es necesario un firme compromiso global a través de la cooperación, tanto internacional como interterritorial y las alianzas que permitan poner en marcha nuevas dinámicas para unas relaciones justas, perdurables y equitativas. El ODS 17 está dedicado a los medios necesarios para alcanzar todos los demás objetivos. Es por tanto, el objetivo de los objetivos.

Los países más avanzados como el nuestro y los territorios más desarrollados, como el área metropolitana barcelonesa, deben apoyar a aquellos que lo están menos, tomando como referencia, en el caso internacional, la aportación del 0,7% de los ingresos propios, aunque, a menudo, el soporte más útil puede adoptar la forma de transferencia de tecnología. Es básico promover la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia e innovación.

Y en el ámbito metropolitano, es necesaria una mayor cooperación ensanchando actual área del AMB en toda la región que abarca 5,1 millones de habitantes, pues es el continuo urbano territorial real, dotando las políticas de vivienda y transporte necesarias para equilibrar todos los municipios que componen la gran Barcelona donde la comarca del Baix Llobregat y L'Hospitalet juegan un papel destacado.

Cada país, región, ciudad o pueblo debe formalizar un compromiso creíble con la Agenda 2030, sostenido en alianzas eficaces entre los actores públicos, el sector empresarial privado y la sociedad organizada, contemplando la necesidad de estimular para concienciar a toda la ciudadanía.

Carmen Parra: "El ODS 17 permite que trabajen conjuntamente tanto la administración pública como el sector privado, especialmente empresas y el tercer sector, es decir, las entidades sin ánimo de lucro"

Un siglo de experiencia cooperativa municipal

Los entes locales llevan más de un siglo colaborando internacionalmente como parte de un movimiento municipal mundial. Recordemos que es a nivel local donde se afrontan dificultades clave como la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. Muchos ayuntamientos del territorio Llobregat en el sur del área metropolitana contribuyen a este ODS con acciones de cooperación al desarrollo, promoviendo, por ejemplo, el comercio justo o mancomunando compras y servicios.

En el ámbito de las administraciones locales, el ODS 17 invita a fortalecer las alianzas por la sostenibilidad en todos los ámbitos ya fortalecer la autonomía y la capacidad económica y fiscal de los gobiernos locales. También promover la cooperación en el desarrollo de los gobiernos locales y garantizar que la corporación destine el 0,7% de sus ingresos a este ámbito, lo que no siempre se hace. Otro aspecto que contempla es movilizar recursos financieros adicionales provenientes de múltiples fuentes para los países en desarrollo y aumentar el intercambio de conocimiento y mejorar la cooperación, tanto interterritorial como regional e internacional, norte-sur, sur-sur y triangular, en materia de desarrollo económico, social y medioambiental y mejorar la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en la corporación.

Hace más de un siglo que los entes locales colaboran internacionalmente como parte de un movimiento municipal mundial: recordemos que es a escala local donde se afrontan dificultades clave como la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible

Figura de la promoción de la justicia social

En un mundo marcado por problemas globales, la profesora Carmen Parra Rodríguez se posiciona como una figura en la promoción de la justicia social y la sostenibilidad. Desde su postura como directora de la Cátedra UNESCO "Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural" en la Universidad Abat Oliba CEU, Carmen Parra ha liderado proyectos que conectan la teoría jurídica con soluciones prácticas. Su enfoque siempre ha sido claro; trabajar en red para transformar las palabras en acción.

Carmen Parra Rodríguez es profesora de Derecho Internacional y Europeo en la Universidad Abat Oliba CEU, y desde la dirección de la Cátedra UNESCO "Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural impulsa valores esenciales como la justicia social. A lo largo de su carrera, ha trabajado incansablemente en la búsqueda de soluciones para las desigualdades sociales. autora de dos libros sobre el comercio internacional y ha participado en numerosas publicaciones especializadas en derecho internacional.

Participando en la COP28 en Dubai

Carmen ha sido y sigue siendo una firme defensora de la cooperación internacional y la sostenibilidad. Su compromiso le ha llevado a intervenir en foros internacionales, como la COP28 en Dubai, donde defendió la importancia de las alianzas intersectoriales e interreligiosas para crear proyectos sostenibles. En este contexto, subrayó el papel del objetivo de desarrollo sostenible 17 que promueve las alianzas para alcanzar los objetivos globales.

Su trabajo está orientado a fomentar un futuro más inclusivo y a través de la colaboración global. Para ella, este objetivo es un pilar fundamental, no sólo en términos conceptuales, sino también en su impacto directo en la vida de las personas.

"El ODS 17 permite que trabajen conjuntamente tanto la administración pública como el sector privado, especialmente empresas y el tercer sector, es decir, las entidades sin ánimo de lucro", explica. Sin embargo, no todo es ideal; la falta de coordinación entre administraciones puede convertir esta colaboración en un esfuerzo colosal. La DANA es un ejemplo categórico de cómo la desorganización puede frenar una respuesta efectiva, lamenta.

En el ámbito metropolitano, es necesaria una mayor cooperación ensanchando actual área del AMB en toda la región que abarca 5,1 millones de habitantes, pues es el continuo urbano territorial real, dotando las políticas de vivienda y transporte necesarias para equilibrar todos los municipios

El caso de la DANA en Valencia como antítesis

En relación a la descoordinación entre administraciones (local, autonómica y estatal) en la tragedia de Valencia, Parra extrae lecciones para fortalecer las alianzas institucionales. Para ella el caso de la DANA "es un despropósito absoluto porque es la antítesis del ODS 17. Lo único que han hecho es convertirlo en un problema político", sentencia. Para Parra, lo primero que deberían hacer los diferentes gobiernos e instituciones es dejar muy claras las competencias entre unas administraciones y otras, y tener un plan de emergencia pensado. No se puede estar decidiendo en el último momento si le toca a una u otra. Por otra parte, el tema de la financiación es por la experta vergonzosa. Parra asegura que no puede entender cómo en una zona tan pequeña pueda pasar dos meses sin que exista una coordinación entre todas estas administraciones.

Parra cree que en el caso de Valencia, lo que ha salido adelante ha sido gracias a cómo se han volcado las empresas y la población civil, mientras que las administraciones no han sabido dar respuesta. Por tanto, asegura que hay mucho que aprender en cuanto a alianzas institucionales y entre gobiernos.

El ejemplo del Baix Llobregat y Hospitalet

En el Baix Llobregat y Hospitalet, en el sur de Barcelona, ​​el presidente del Consejo Económico y Social de Barcelona, ​​Francesc Castellana, recordaba a los ODS 8 y 9 que durante la transición la característica principal de los movimientos sociales en la comarca y también desde los ayuntamientos, fue su carácter comunitario, colectivo. Carmen Parra también destaca que en la comarca los ODS funcionan, "sobre todo gracias a la sociedad civil". Para la experta, "en estos momentos es fundamental porque hay muchísimas entidades del tercer sector implicadas en este territorio, donde se pueden encontrar ejemplos concretos de éxito en las alianzas".

En municipios como Sant Boi, Cornellà o Molins de Rei, Parra señala que las cláusulas sociales en contratos públicos han permitido a personas en riesgo de exclusión social encontrar empleo en sectores como la jardinería y el reciclaje. Lo que hacen estas cláusulas es dar a las ONG o entidades que trabajen con personas en exclusión social o con discapacidad una serie de puntos para que tengan más opciones de adjudicación de subvenciones o servicios. La experta subraya que en estas prácticas el Baix Llobregat es de las primeras comunidades en España que lo ha hecho.

Un ejemplo en Molins de Rei es el de una ONG en forma de empresa de inserción que lleva todo el reciclaje, trabajando con personas en exclusión social. Otro caso interesante es el de los humedales entre Molins de Rei y Sant Feliu, donde existe una colaboración importante entre el Ayuntamiento y la sociedad civil.

La experta califica el caso de la DANA como "un despropósito absoluto porque es la antítesis del ODS 17 y lo único que han hecho es convertirlo en un problema político"

Insuficiente papel de las universidades

Sin embargo, pese a estos logros, Carmen Parra destaca que las universidades todavía tienen un papel insuficiente en el territorio, entre otras razones porque tienen poca presencia en el Baix Llobregat y L'Hospitalet. "La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) ha hecho avances en tecnología para personas con discapacidad, pero hay mucho potencial sin explotar en este tipo de colaboraciones".

Otro caso es el de la Universidad Abat Oliba-CEU, que recicla papel a través de la empresa de inserción Trinidad, que utiliza a chicos que no han podido acceder a la escolarización por problemas personales o familiares.

La fuerza de la colaboración ciudadana

La comarca del Baix Llobregat y Hospitalet integra un territorio complejo donde intervienen hasta siete administraciones públicas: Ayuntamientos, Consejo Comarcal, Área Metropolitana, Diputación de Barcelona, ​​Gobierno de la Generalitat, Estado español y Unión Europea. Carmen Parra valora la gran fuerza de esta zona, y de toda España, es la colaboración ciudadana. La experta afirma que en Cataluña, la sociedad civil es muy potente, y que las instituciones como la Iglesia también juegan un papel importante.

Para Parra, los ayuntamientos cubren necesidades relacionadas directamente con el ciudadano, mientras que el Consell Comarcal se enfoca más a la economía. A la experta le gusta mucho la figura de los ateneos cooperativos, una iniciativa catalana en la que el Consejo Comarcal colabora con cooperativas o mancomunidades dedicadas a la agricultura, vinos y otros sectores. Un ejemplo muy interesante para Parra es La Olivera, en Molins de Rei. Es una finca municipal gestionada por una cooperativa que produce vino y aceite con jóvenes en peligro de exclusión social que se integran laboralmente.

En municipios como Sant Boi, Cornellà y Molins de Rei, las cláusulas sociales en contratos públicos han permitido a personas en riesgo de exclusión social encontrar trabajo en sectores como la jardinería y el reciclaje

Problemas de coordinación institucionales

Por otra parte, Parra señala que la Generalitat, el Estado español y la Unión Europea a menudo tienen problemas de coordinación porque no queda clara la distribución de competencias. La Unión Europea sólo se comunica con el Estado español, lo que genera conflictos, especialmente cuando las competencias están transferidas a la Generalidad. "Creo que somos un falso Estado federal, con autonomías que tienen muchas competencias, lo que complica la relación entre administraciones", afirma la experta.

Sobre qué estrategias considera Parra que son más efectivas para incentivar una mayor participación del sector privado en proyectos alineados con los ODS 17 y cómo cree que se puede fomentar una sinergia entre empresas, universidades y gobiernos para generar un impacto social, la experta responde que debería haber un cambio en la legislación que fomente este tipo de alianzas. Por el momento, salvo las cláusulas sociales reguladas, el resto depende de la vocación personal de las empresas o universidades para colaborar con el tercer sector. Haría falta una ley de mecenazgo que incentive estas colaboraciones, evitando el asistencialismo y promoviendo la participación activa de las ONG en los mercados laborales.

Es necesario más compromiso real con la comunidad

En segundo lugar, Parra señala que sería clave una mayor concienciación de la sociedad para que empresarios, universidades y todos los actores tengan un compromiso real con la comunidad. Ahora mismo, añade, las experiencias que puedo contar dependen de la visión de las personas al frente de estas instituciones.

Por ejemplo, en la universidad Abat Oliba-CEU, colaboramos con empresas de inserción como Ilunion, que gestiona la limpieza, o TriniJove, que se encarga del reciclaje. Otro caso es el de Roca, que colabora con la fundación Alpi para que personas con discapacidad realicen sus montajes de sanitarios. Es una forma de integrar la responsabilidad social en el tejido empresarial, apunta.

La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) ha realizado avances en tecnología para personas con discapacidad, pero hay mucho potencial sin explotar en este tipo de colaboraciones

El papel “clave” de las administraciones en el tercer sector

Parra, como ya ha indicado, está completamente a favor de las cláusulas sociales en los contratos públicos que favorecen a las ONG que trabajan con colectivos con riesgo de exclusión social, con ejemplos como los descritos en diferentes poblaciones del Baix Llobregat, al considerar que el compromiso de la administración pública es esencial.

La administración, señala, debe apoyar a las fundaciones y asociaciones para que puedan poner en marcha sus proyectos y atender a los usuarios. De hecho, para poder operar a través de cláusulas sociales, estas organizaciones deben inscribirse como empresas, lo que es un aspecto clave. Esto permite salir del asistencialismo, ya que no se trata sólo de entregar dinero, sino de facilitar la integración de estas personas en el mercado laboral.

Diferencias de aplicación en los territorios

También señala Parra que, aunque este sistema pueda parecer común, en algunas regiones de España no se aplica por igual en todo el país. País Vasco, Navarra y Cataluña son las comunidades autónomas que más han trabajado con este tipo de sistemas.

En otras regiones, como Andalucía, Extremadura o Castilla y León, la implementación de estas políticas es muy esporádica. Por tanto, cree que es fundamental fomentar la concienciación y la educación en este ámbito, además de trabajar en red. El trabajo en red es clave, ya que el éxito de estas iniciativas depende de la colaboración entre todos los actores involucrados.

"Creo que somos un falso Estado federal, con autonomías que tienen muchas competencias, lo que complica la relación entre administraciones", afirma Carmen Parra

El ejemplo del programa Incorpora de La Caixa

Para ilustrar lo mencionado, Parra recomienda considerar tres ejemplos que pueden servir de inspiración. En primer lugar, el programa Incorpora de La Caixa, que es la entidad bancaria que más invierte en temas sociales, lo hace de forma voluntaria sin obligación legal. Este programa, que destina cada año unos 500 millones de euros, está específicamente diseñado para apoyar a los colectivos en riesgo de exclusión social.

Otro ejemplo relevante es el Pacto Mundial, una red global en la que se inscriben las empresas comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La idea es colaborar con estas empresas para crear redes de trabajo que promuevan la inclusión social y otros objetivos. Además, existen empresas B, C o R, que también impulsan este tipo de acciones. También es importante mencionar la ley de información no financiera de las empresas, que permite a las organizaciones demostrar su responsabilidad social y cómo contribuyen a causas como la inclusión.

Aunque las cláusulas sociales son fundamentales, Parra cree que todavía es necesario hacer un mayor esfuerzo informativo, ya que en muchas regiones de España, como en Castilla y León, Andalucía, etc., no son ampliamente conocidas ni implementadas.

Para ella, fomentar la participación del sector privado en los ODS requiere de reformas estructurales. Una ley de mecenazgo sería clave para motivar a las empresas a involucrarse más activamente. Además, insiste en la importancia de que las ONG sean más que asistentes sociales: "Necesitamos que sean agentes de cambio económico, integrados en el mercado laboral".

El rol de la Cátedra UNESCO

También subraya la importancia de las alianzas ciudadanas. Desde su rol en la Cátedra UNESCO, impulsa proyectos que conectan la economía solidaria con la inclusión social. Las memorias anuales de las cátedras están llenas de historias que demuestran cómo la colaboración intersectorial puede generar resultados tangibles y positivos.

Aunque los desafíos son grandes, las soluciones están en la cooperación, ya sea desde un aula universitaria o en un encuentro mundial. Su trabajo ejemplifica cómo las alianzas pueden ser el puente hacia un futuro más inclusivo y sostenible para todos.