FALTA DE VIVIENDA Y POBREZA INFANTIL, LAS ASIGNATURAS PENDIENTES EN EL BAIX LLOBREGAT

ueden cinco años para el desempeño de la Agenda 2030, y aunque los datos sobre pobreza en el territorio ahora parecen revertir, en los últimos años han sufrido una montaña rusa de variaciones. Unos descalabros estadísticos que no han logrado bajar del 23%, la que, de hecho, es la tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) más baja registrada en los últimos 10 años, según el Idescat. Es decir, el dato más favorecedor sobre la situación de pobreza social en Cataluña se registró en 2015, justo cuando se plantearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas.
La tasa AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion) es un indicador que fue implantado por la Unión Europea para monitorizar la estrategia EU 2020 en referencia al target de población en condiciones de pobreza, y que ahora se vuelve a reciclar a la vista del objetivo EU 2030 de la Comisión Europea. Los criterios que utiliza este índice es el riesgo de pobreza raso –en este caso, el umbral de pobreza establecido en Cataluña es el de tener unos ingresos inferiores a 12.564,2 euros anuales por adulto e inferiores a 20.102,7 euros en los hogares con dos adultos y dos hijos–; la privación material severa (PMS) – que se establece cuando la población tiene una carencia forzada de, al menos 7 del 13 ítems establecidos, y que pueden ser ir de vacaciones una semana al año, poder comer pollo, carne o pescado cada dos días, o poder hacer frente a facturas imprevistas – y la baja intensidad de trabajo en los hogares (BI para los miembros de un hogar y la cifra total de meses que podrían llegar a trabajar como máximo a todos los miembros –.
​​​La pobreza adopta nuevas modalidades y, por tanto, el concepto de la exclusión social permite hacer referencia a estas dimensiones no visibilizadas que van más allá del entorno económico de una persona, y que llegan hasta la esfera social, comunitaria y política del individuo.

De esta forma, y ​​según la encuesta de Condiciones de Vida del Idescat de 2023, un 24,4% de la población catalana vive actualmente en riesgo de pobreza o de exclusión social. Se trata de un dato alarmante si se asimilan los subindicadores que éste implica: que aproximadamente 2 de cada 10 catalanes sufren algún tipo de carencia económica, laboral, material o social importante.

El segundo peor dato en una década

La buena noticia es que esta cifra ha mejorado respecto a la crisis pandémica de la Covid-19, cuando alcanzó el 26,7%. Los datos muestran que el motivo de esta disminución es una mejora en el subindicador de la baja intensidad de trabajo (BITH), que en 2023 se situó en el 6,6% de la población catalana y que muestra una tendencia de recuperación de los niveles prepandémicos. También lo es el subindicador raso sobre el riesgo de pobreza, que ha alcanzado la cifra más baja en 10 años: un 18% sobre el total de población.
Pero el elemento clave que revela la tasa AROPE 2023, el elemento sobre el que hay que prestar especial atención, es que el porcentaje de población que vive con una privación material y social severa (PMS) es de un 8,9% en Cataluña, el segundo dato más alto registrado en una década y muy cercano al récord del 9%, que se recogió en la pandemia de 2021.
​​​La información más relevante que nos aporta este subindicador sobre la práctica, es que, por ejemplo, un 36,1% de la ciudadanía no puede hacer frente a un gasto imprevisto de 800 euros (con un incremento de 1,3 puntos porcentuales respecto a la cifra de 2022), o que un 20% no puede mantener su . 2022). También cabe destacar el gran porcentaje de catalanes, casi la mitad (46,5%), que tiene algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes.

La información más relevante que nos aporta este subindicador sobre la práctica, es que, por ejemplo, un 36,1% de la ciudadanía no puede hacer frente a un gasto imprevisto de 800 euros (con un incremento de 1,3 puntos porcentuales respecto a la cifra de 2022), o que un 20% no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada (también 2022). También cabe destacar el gran porcentaje de catalanes, casi la mitad (46,5%), que tiene algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes.

El ascensor social, atascado

Ramon Carbonell, director de Cáritas de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat -que agrupa la acción de esta entidad sobre la mayoría de municipios del Baix Llobregat-, pone sobre la mesa la cuestión del ascensor social. Si nos imaginamos a la sociedad como una comunidad de vecinos, podríamos decir que el ascensor de este edificio ha quedado “parado a mitad de camino”, lo que hace que cada vez haya más dificultades para quienes están abajo del todo.
El bloqueo que sufre este ascensor social, arguye, tiene múltiples causas. Quizás son todas estas causas las que podrían explicar que Cataluña se sitúe en el menor índice de riesgo de pobreza en una década y, a la vez, tenga el porcentaje más alto de población con privación material y social severa. "Si hablamos desde nuestro prisma, desde Cataluña, pienso que el ascensor social precisamente se rompe por la precariedad laboral, por la especulación en la que se ha convertido todo el tema de la vivienda, y obviamente porque todo ello lleva a que el poder adquisitivo, la capacidad de gastar de las familias, se ha bajado brutalmente. que deben soportar las familias son una sangría. Cuando antes podías estar destinando el 20%, el 30%, el 40% de tus ingresos a la vivienda, ahora quizás ya debe estirarse al 60 o al 70%”, señala Carbonell.
La ruptura de este ascensor deriva en una sociedad fraccionada en la que se distinguen varios niveles, explica. "El primer tercio sería precisamente el de todas las personas que se encuentran en situación de exclusión, y que difícilmente podrán llegar al segundo colectivo, que es el de personas en situación de integración. Ésta puede ser integración precaria, que hace referencia a personas que han logrado subir de nivel, pero que quizás, si llega otra crisis, volverán a encontrarse en situación de exclusión. Y también hay personas en plena exclusión. media, personas que están bien situadas, que tienen buen trabajo, que ya tienen el piso pagado, que pueden pagar sus estudios a sus hijos”. Y añade: "Al final, en lo alto, está la franja más delgada de la sociedad, que son los ricos. Los que, pase lo que pase, no sufrirán nunca"

Romper el círculo, integrar a los emigrantes

Carbonell pone énfasis en la influencia y el peso que tiene la sociedad a la hora de romper los círculos de transmisión intergeneracional de la pobreza, especialmente para las familias recién llegadas. “Dentro de las circunferencias de la persona, que son familia, después escuela y después entorno o comunidad social, es en este tercer entorno donde estas personas se encuentran más solas, seguramente a la hora de realizar esta integración, y es donde acaban juntándose con otras personas iguales que ellas”. Reconoce que se ha mejorado en este sentido, pero señala que todavía existe un sesgo y que queda "mucho camino por recorrer". También pone sobre la mesa la vinculación que se hace entre la inmigración y la cuestión de la seguridad, que alude a "un discurso del miedo" que es alimentado desde la esfera política de la derecha y que crece, no sólo en Cataluña, sino a nivel europeo. "A nivel social se ha instalado un discurso político en relación a la inmigración, que hace que las personas expresen precisamente que el tema de la inmigración es un problema gordo en nuestro país porque lo vinculan directamente con la seguridad. Pero precisamente en estas encuestas donde se vinculan estos fenómenos, cuando se pregunta a las personas cuál es el índice de inmigración" afirma.

E indica que tal vez este discurso desfavorable hacia el colectivo de los emigrantes sea una de las causas por las que "no es que la gente se vuelva individualista, sino que ha cogido miedo a lo diferente, al recién llegado, a aquel vecino que tiene un color de piel diferente o que habla otro idioma". "Nosotros apostamos por la acogida de las personas emigrantes, apostamos por su protección, apostamos por su promoción y apostamos por su integración", concluye.

Los brazos de la administración pública no son tan largos

Si se tiene en cuenta la recopilación de los datos registrados desde hace una década, justo desde la implementación de la Agenda 2030, estas pequeñas reversiones e incrementos simultáneos difícilmente son capaces de probar que el índice de pobreza adopte una tendencia favorable de cara a los próximos años. El saber cuál es la fórmula mágica para erradicar esta problemática todavía queda en manos de las administraciones.
De hecho, el Informe sobre el estado de la pobreza en Cataluña, publicado en octubre de 2023 por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), muestra que la intervención del Estado y las políticas públicas no sólo son necesarias, sino fundamentales, para luchar contra este fenómeno. En el caso de Cataluña, el informe señala que, sin la existencia de transferencias de renta por parte del Estado –incluso sin pensiones ni prestaciones por supervivencia–, la situación de pobreza del año 2022 habría agrupado al 35,9% de la población total, frente al dato real del 14,5%. El mismo patrón se encuentra en los datos recogidos en referencia a la pobreza severa, que hubiera aumentado hasta el 25,7% de los catalanes – respecto al dato real del 6,4% – en 2022. Sin embargo, llegar al total de población que vive en condiciones de precariedad severa sigue siendo una necesidad, y, si nos fijamos en el calendario, también un objetivo. Entre otras ayudas estatales que reciben estas personas se encuentra el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Los datos demuestran que sólo alcanza una media del 12,2% de personas bajo el umbral de pobreza en toda España. Y en el caso de Cataluña, la media del IMV es más reducida: tienen acceso sólo el 8,6% de esta franja de población, según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales publicado en 2024.
Las pensiones por jubilación, que siguen siendo importantes para prevenir la pobreza en un grupo de edad especialmente vulnerable, no superaban los 1.000 euros para el 40% de los jubilados en Cataluña en 2022, teniendo en cuenta el importe medio de pensiones registrado ese año, según el informe Observatorio social de las personas mayores 20. De hecho, la encuesta del Idescat de 2023 también reflejaba que la población en riesgo de pobreza o exclusión social de más de 65 años representaba el 16,2%. En esta línea, Carbonell denuncia la dificultad que presentan las administraciones a la hora de elaborar políticas públicas con soluciones efectivas. Soluciones que no se han implantado a tiempo y con la inmediatez suficiente, y que están provocando que las personas con menos recursos sufran gravemente sus consecuencias. "Cáritas acaba haciendo muchas cosas que la propia administración pública, con recursos públicos, no es capaz de dar respuesta de forma inmediata, precisamente por toda la complicación que supone la gestión de lo público". Y subraya: “Lo que más nos cuesta hacer, sobre todo, es podernos adaptar en cada momento y de forma rápida a las nuevas realidades, a las nuevas situaciones de pobreza ya los nuevos perfiles de pobreza con los que nos vamos encontrando”.

Las caras de la pobreza

Según la encuesta de Condiciones de Vida del Idescat, los grupos que sufren mayor vulnerabilidad y riesgo de pobreza son los extranjeros no comunitarios, los menores de edad y las mujeres. De hecho, el porcentaje de ciudadanos emigrados pobres es del 40%, mientras que el de ciudadanos autóctonos es del 18%.
En este sentido, Carbonell distingue dos grandes perfiles de pobreza en el territorio, que evidencian la complejidad de las tipologías de pobreza a las que se enfrenta la comarca. "Hay un gran grupo de personas recién llegadas o migradas, personas que acaban de llegar a nuestra casa, que por tanto vienen con lo que llevan en la maleta y poco más. Vienen con la expectativa de poder tener un mejor bienestar, un futuro mejor para sus hijos, más seguridad o tener un sistema de salud público como el nuestro. Pero llegan aquí y se encuentran que la propia conseguir los objetivos con los que llegan aquí”.
Y puntualiza: "Hablamos no sólo de los que estamos viendo llegar por la frontera sur, que es el porcentaje más pequeño de personas emigrantes que entran en nuestra casa, porque sobre todo el grueso de emigrantes que llegan lo hacen a través del aeropuerto de El Prat, en el caso de Cataluña. Personas que provienen principalmente de Latinoamérica y que llegan con 9 se acaban quedando precisamente porque vienen con la intención de poder tener un futuro mejor”.
El segundo perfil de pobreza, señala Carbonell, es el de "las personas de nuestra casa, nacidas aquí o quizá venidas de fuera, pero que llevan años viviendo aquí, y que a pesar de trabajar, no lo logran. Es un porcentaje que casi roza el 15% de personas que, a pesar de tener trabajo, no pueden llegar a finales de mes". Y añade: "Por tanto, no pueden tener una vivienda en condiciones, no pueden tener lo que necesitan para comer, no pueden tener un nivel de bienestar óptimo, no pueden tener las vacaciones que todos nos merecemos cuando trabajamos, y todo esto repercute en la salud. Viven en una especie de inseguridad permanente en su día a día".
De hecho, hace énfasis sobre el hecho de adoptar miradas más amplias a la hora de tratar la pobreza y sus dimensiones, porque "entendemos que los problemas de las personas no los puedes compartimentar en cajones. La persona es toda una, y, por tanto, su situación es el cúmulo de muchas circunstancias".

¿Podemos alcanzar el ODS 1?

A cinco años vista, Carbonell valora que "a corto plazo no conseguiremos la pobreza cero, pero a medio plazo quiero creer que sí". Y sentencia que "alcanzar el ODS 1 es utópico si no tenemos en cuenta muchos de los otros ODS, como salud y bienestar, educación de calidad, hambre cero, agua limpia, energía asequible, trabajo decente, reducción de las desigualdades. Todo esto combinado haría posible la pobreza cero". En relación a la intensidad de trabajo por parte de la entidad, Carbonell expresa que "estamos un poco al límite de nuestra capacidad", pues la Covid-19 fue una especie de "test de estrés" del que todavía se arrastran las consecuencias, pero se muestra con "mucha esperanza". Añade que "hay un cansancio en la sociedad en relación a su capacidad de ayudar a otra gente. Esto se ha notado con la posibilidad de captar recursos para llevar a cabo proyectos. En parte han disminuido las ayudas que recibimos, por ejemplo, de socios y donantes". Pero recalca que "la ciudadanía responde cada vez que se la necesita", y que, por tanto "yo sólo pido a la gente que cada vez que se les diga, por favor, ayúdanos, haya esa capacidad de respuesta que ha habido siempre". “
​​​​El Baix Llobregat es especialmente una comarca que históricamente ha sido un lugar donde ha habido muchas entidades sociales, el tercer sector y muchas empresas de inserción que cubren muchos ámbitos de necesidades de las personas. Tenemos mucha suerte en esto". Y añade: "Yo no sabría definir si somos poco o muy importantes. Lo que sí se es que si no existiera todo este tejido de entidades del tercer sector social, habría mucha gente que se quedaría colgada, porque la propia administración ya reconoce que se nos necesita para llegar allá donde ellos no pueden llegar”.

La vivienda, sinónimo de pobreza en la comarca

La pobreza en el Baix Llobregat se ve directamente traducida en la incapacidad para acceder a una vivienda. La Cáritas Diocesana de Sant Feliu agrupa su acción en la comarca del Garraf, el Alt Penedès, casi todos los municipios del Baix Llobregat y una pequeña parte del Anoia, pero Carbonell reconoce que a nivel de demanda, la vivienda es el gran problema en este territorio para Cáritas y las personas vulnerables. "En el caso del Baix Llobregat, la mayor problemática es el tema de la vivienda, porque es la zona de la metrópoli y Barcelona, ​​por tanto, es donde primero llega toda esta gente que está buscando un lugar donde vivir", apunta.
La vivienda no es sólo una cuestión que deba enfocarse desde el prisma político. El acceso a una vivienda digna es un derecho básico sobre el que pilotan muchos de los otros derechos fundamentales. Cuando éste se ve anulado o eludido por parte de quien debe poner soluciones, es muy probable que otras esferas de la vida de una persona también sufran dificultades para desarrollarse con normalidad.
"Imaginemos a una persona que debe presentarse en una entrevista de trabajo, pero la noche anterior no ha podido dormir en una cama cómoda, es invierno y no ha podido descansar en una casa que esté mínimamente calentada, que no tiene nevera, que no tiene comida o que no tiene agua corriente. Si esa persona tiene que salir a buscar una tarea, difícilmente se sentirá con el trabajo y difícilmente se sentirá con el trabajo buen trabajo, aunque tenga las capacidades profesionales”, advierte Carbonell. “Desde Cáritas nos damos cuenta de que si tú no aseguras que la persona tiene un sitio, un campo base donde vivir tranquilo, sentirse seguro, sentirse cómodo, no podrá desarrollar las otras capacidades.” Según el Índice de Precios de la Vivienda del INE, el precio de la vivienda en Cataluña se ha encarecido un 6,7% en el segundo trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023. El precio del alquiler sigue subiendo y en la última década ha sufrido un aumento de más del 80% en la capital catalana y ciudad condal. Los pisos de obra nueva también han aumentado su precio, un 9,5% entre abril y junio de este año, el mayor incremento registrado en un segundo semestre desde el 2016.

"El tema de la vivienda estalla precisamente en el momento de la Covid-19, porque hay mucha gente que se queda sin trabajo y sin ningún tipo de ingreso, por tanto los echan de casa. Y no estamos hablando sólo de personas con contrato de alquiler o gente que no pueda pagar la hipoteca, sino gente que vivía en habitaciones de realquiler", explica Carbonell. Y avanza: "La recuperación después de la Covid se explica como algo positivo a nivel económico. Pero por ejemplo, con la recuperación de la normalidad del turismo, gran parte de las viviendas de alquiler que hasta ese momento estaban en el mercado para personas que vivían aquí, se acaban pasando a alquileres de turista, porque obviamente pueden pagar más que las personas que están aquí."
Carbonell denuncia el hecho de que, ante el problema de la vivienda, es necesaria una intervención inmediata de los gobiernos para desarrollar políticas a largo plazo y para hacer apuestas en favor de la vivienda social. Señala que "venimos de una historia de política de vivienda social que está muy mal planteada", explicando que las construcciones de vivienda social de protección pública que se hicieron durante la posguerra contenían un epígrafe que permitía, al cabo de los años, situarla en el mercado inmobiliario mediante su venta. Por ello, remarca que lo más importante de cara a las próximas políticas de vivienda social es que "toda la vivienda pública que se haga a partir de ahora no se pueda vender nunca a precio de mercado, sino que siempre siga siendo vivienda pública y, por tanto, siempre con un tope en el precio de compra-venta que pueda haber entre particulares". Añade que otra forma de conseguir vivienda pública es mediante la utilización de aquellos pisos que están vacíos, que pertenecen a bancos oa fondos de inversión, pero lamenta que, aunque “se está intentando hacer una política de ello, después se consideran que son leyes inconstitucionales, se tumban y no se puede seguir adelante”. "Por suerte, muchos ayuntamientos del Baix Llobregat llevan años haciendo política de vivienda social. Pero a un ritmo que, aunque pasen 200 años, llegaremos a alcanzar lo que ahora estamos necesitando", sentencia.