En el Consell Comarcal del Baix Llobregat se ha celebrado el octavo aniversario del SEAP (Servicio Especializado de Atención a las Personas Mayores) con el título “El buen trato, un derecho sin edad. Respuestas al maltrato a las personas mayores”. La celebración se ha realizado pocos días después del día mundial de toma de conciencia del abuso y el maltrato a las personas mayores, el 15 de junio. Ha sido, por tanto, una semana muy especial para el conjunto de los profesionales que estamos implicados en la lucha contra esta lacra social. Pero es necesario que hagamos un poco de historia, saber cómo y a partir de qué se creó el SEAP.

El SEAP nació a partir de un trabajo en red que se inició unos años antes, también en el Consell Comarcal del Baix Llobregat. Este espacio era Xarxa Baix. Durante unos años, cada mes nos reunimos profesionales de diferentes servicios (servicios sociales básicos, centros de atención primaria de salud, hospitales de día, centros de salud mental, cuerpos de seguridad, fiscalía, entre otros). En cada reunión se exponía un caso complejo y se ponía en común. Fruto del debate y del análisis se elaboraba un plan de intervención para dar respuesta a la situación planteada.

Maltrato a mayores con diversidad funcional

La práctica de esta red puso de manifiesto que muchos de los casos presentados eran de maltratos a personas mayores o personas que presentaban algún tipo de diversidad funcional. A partir de esta constatación se nos ocurrió hacer un estudio sobre el buen trato a las personas mayores y aquellas que presentaban algún tipo de déficit (sensorial o cognitivo). Dos de las conclusiones principales del estudio, que contó con el asesoramiento de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, fueron: a) la necesidad de crear una ley específica para las personas mayores, y b) la creación de un servicio especializado para abordar los casos de maltratos a las personas mayores.

A partir de aquella constatación propusimos al Consell Comarcal del Baix Llobregat la creación de un servicio que diera respuesta a las situaciones mencionadas. Pero era necesario definir la estructura de este servicio y para ello nos sirvió también la práctica del trabajo en red que he mencionado antes. Desde el comienzo se hizo evidente la necesidad de que el SEAP estuviera constituido por tres perfiles profesionales: social, jurídico y clínico. El primero, para poder analizar con precisión el entorno social donde se produce la situación de maltrato; el jurídico, para conocer en detalle todo aquello concerniente a los aspectos legales (títulos de propiedad, patrimonio, cuentas bancarias, herencias, etc.).

Finalmente, el clínico para estudiar los diversos diagnósticos y tratamientos que pueda tener la víctima, así como los principales actores de su entorno. Así, por ejemplo, si la persona víctima de maltrato sufre un deterioro cognitivo inherente a una demencia y, además, padece una diabetes mellitus y se le debe administrar insulina diariamente, es obvio que se encuentra en una situación de dependencia respecto de una tercera persona, pero si esta, a su vez, tiene algún tipo de proceso mental, una psicosis o una dependencia a alguna sustancia, cosa que hemos observado con cierta frecuencia, nos encontramos ante un caso que plantea riesgos importantes: la persona cuidadora puede tener limitaciones considerables para realizar su función.

345 casos de intervención del SEAP

Es por ello que el SEAP está constituido por tres perfiles profesionales: social (dos pedagogas), jurídico (dos juristas) y médico (médico psiquiatra y psicogeriatra). Sin embargo, quedaba una segunda cuña: su financiación. Dado que se trata de un servicio mancomunado, se realizaron negociaciones con los ayuntamientos de la comarca (Baix Llobregat) y han sido precisamente estos los que, hasta ahora, y mediante convenios específicos, han financiado el servicio. Hay que añadir, no obstante, que no todos los ayuntamientos de la comarca han firmado convenio con el Consell Comarcal para poder tener el servicio del SEAP. Pero, afortunadamente, recientemente se han vuelto a realizar negociaciones con el gobierno de la Generalitat con el objetivo de que sea esta la que asuma la gestión del servicio y su financiación. Hasta aquí los aspectos históricos.

La jornada sirvió para explicar la actividad realizada durante estos ocho años. En la primera mesa, los miembros del SEAP expusieron un resumen. El número total de casos en los que ha intervenido el SEAP ha sido de 345. En relación con los agentes derivadores, es decir, los equipos que han pedido asesoramiento al SEAP, un 75% han sido los servicios sociales básicos, un 13%, los centros de salud, un 5%, los centros residenciales y un 3% los cuerpos de seguridad.

El 19% de los casos son de expoliación económica

En cuanto a los tipos de maltrato, cabe señalar un dato: el 30% de los casos han correspondido a conductas de riesgo por parte de la propia víctima. Esto se explica porque, mayoritariamente, se han tratado casos de personas con enfermedad mental grave, predominantemente procesos psicóticos (esquizofrenia). El 21% ha correspondido a casos de maltratos psicológicos, mientras que un 19% han sido casos de expoliación económica. Finalmente, las situaciones de trato negligente se han dado en un 15% de los casos y el maltrato físico en un 11% de los casos.

En cuanto a las franjas de edad, un 34% ha correspondido a la franja comprendida entre los 18 y los 64 años; la franja 65-84 es la que ha presentado un porcentaje más alto, el 40%. Finalmente, la franja de mayores de 85 años ha supuesto el 26%. La jornada prosiguió con una mesa donde representantes de diversos equipos (servicios sociales, centros de salud) expusieron sus experiencias, así como las principales dificultades con las que se han ido encontrando, entre ellas, la transferencia de información relevante entre servicios. Esta dificultad viene condicionada por una interpretación restrictiva de la ley de protección de datos, pero hay que señalar que esta permite facilitar información clínica a otro servicio cuando se da una situación de riesgo para la persona.

Una ley para proteger, no para incapacitar

En la segunda parte de la jornada intervino el señor David Mayor, fiscal de la Unidad de Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado. Mayor expuso el marco legal actual, regulado por la Ley 8/2021, del 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta ley ha supuesto un antes y un después en el ámbito de la protección jurídica de las personas que presentan algún tipo de discapacidad y a nosotros, los profesionales del SEAP, nos ha abierto una ventana en el ejercicio de la protección de las personas mayores que son víctimas de maltratos. A partir de esta ley, ya no se incapacita a las personas, sino que se establecen los ámbitos en los que la persona necesita una protección, por ejemplo, en el ámbito económico o en el de salud. En otras palabras: proteger, pero no incapacitar.

La jornada finalizó con la intervención del doctor Pedro Cano, director general de la Dirección de Personas Mayores de la Generalitat de Catalunya. En sus palabras trazó las líneas de actuación de la Generalitat en relación con la atención a las personas mayores. Además, y esto nos resultó especialmente relevante, elogió el modelo de intervención del SEAP no solo en lo que respecta a los principios que guían su actuación, sino también por la proyección, cada vez más amplia, en todo el territorio del Baix Llobregat. Sería deseable que este modelo se pudiera generalizar al resto del territorio de Cataluña y, quizá también, de todo el Estado español.

No quiero acabar este artículo sin expresar el agradecimiento de los miembros del SEAP al conjunto de profesionales que han confiado y confían en nosotros, también al Consell Comarcal del Baix Llobregat que, desde los inicios, ha creído en este servicio. Finalmente, un agradecimiento muy especial al doctor Pedro Cano y al señor David Mayor, por su apoyo y asesoramiento.

Josep Moya

Psiquiatra consultor del Servicio Especializado de Atención a las Personas (SEAP)