La población de más de 65 años en Cataluña se acerca al 20% sobre el conjunto total. Con la tendencia de envejecimiento como espada de Damocles de la comunidad autónoma, donde la natalidad ha caído un 32% en las últimas dos décadas – mientras que la adopción de animales se ha disparado un 62% –, el territorio tiene el reto de sostener y poner en valor a todo un colectivo de la tercera edad, que ya supera 1'61 en el segundo semestre de 2025 según el Idescat – en Cataluña y agrupa aproximadamente 159.884 ciudadanos del Baix Llobregat. En los próximos veinte años, la generación de los baby boomers – la que acoge a los nacidos entre 1958 y 1977 y se convierte en la más numerosa – ya formará parte íntegramente del colectivo de las personas mayores, delimitando el horizonte demográfico y apremiante Gobierno y administraciones a repensar el modelo de país.

En abril de 2025, el grupo parlamentario Socialistas y Unidos para Avanzar registraba una proposición de ley de las Personas Mayores, planteamiento legislativo transversal que trataría de dar respuesta a las necesidades de una nueva formulación sociodemográfica. La consecuente tramitación, actualmente en fase prematura de presentación de enmiendas a la totalidad, marca un objetivo clave para los de Salvador Illa, que ya habían empezado a trabajar en la proposición en la anterior legislatura. Por este motivo, afirman su compromiso por “agilizar los trabajos en ponencia, para que la Ley de las Personas Mayores se convierta en una realidad lo antes posible”, según declara la diputada y portavoz del PSC en la Comisión de Derechos Sociales, Mónica Ríos.

Blindaje de los derechos seniors

Se trata de una ley cuya finalidad es promover el bienestar y la garantía del pleno ejercicio de los derechos de la tercera edad, basándose especialmente en la lucha contra el edadismo y la apuesta por la igualdad de género. La norma pretende no sólo poner en valor la longevidad del territorio, sino también blindar la protección jurídica por parte de las administraciones catalanas en situaciones de maltrato o falta de asistencia hacia personas sénior y garantizar la suficiencia económica del colectivo.

Tal y como señala la diputada socialista, la proposición consta de tres ejes: “Una primera parte que hace una recopilación de derechos ya existentes, una segunda parte de deberes, y una tercera que concreta nuevos derechos en acciones en el ámbito del ocio, la cultura, el deporte, la participación, la educación, los medios de comunicación, la atención sociosanitaria, la dependencia, la”. La última parte, explica, "sería la más importante: la incorporación y el blindaje de nuevos derechos para las personas mayores, teniendo en cuenta su realidad y las problemáticas que sufren".

La proposición introduce áreas destacables como la de educación y conocimiento, abordando la brecha digital a través de programas como asesoramiento sobre tecnologías de la información para la tercera edad. En cuanto al ocio o la participación, se sugiere la creación de abonos culturales para seniors con rentas bajas, así como la promoción de los Consejos de las Personas Mayores o el Observatorio de las Personas Mayores. Por otra parte, se incorporan títulos de protección con el fin de actuar ante la vulneración del patrimonio y de los derechos de los seniors como consumidores, fijando, por ejemplo, un servicio gratuito de asesoramiento para ampararlos frente a la complejidad de los servicios bancarios y financieros.

Atención sanitaria y residencial

Sin embargo, uno de los pilares fundamentales de la norma impulsada por los socialistas es el establecimiento de un sistema de atención sociosanitaria y residencial efectivo y que reduzca al máximo las listas de espera. Y es que la capacidad menguante de estos servicios se suma a la necesidad de 80.000 plazas y otros 26.000 profesionales en centros residenciales en sólo una década. Sin embargo, el texto matiza la promoción de un modelo de cuidado donde se priorice la permanencia de la persona mayor en su hogar y en su entorno sociofamiliar, potenciando la atención domiciliaria y fomentando programas de adaptación de las viviendas con la creación de un fondo específico. También se proponen medidas de apoyo a las personas que ejerzan como cuidadores no profesionales de personas mayores, con suscripción a convenios especiales a la Seguridad Social.

Desde la agrupación del Partido Popular de Catalunya, que avanza su intención por presentar enmiendas al articulado de la ley, se expresa la necesidad de incidir en estos aspectos. "Lo primero que hay que garantizar es que las personas mayores tengan cubiertas sus necesidades básicas, no sólo económicas, que también, la atención sanitaria, las plazas residenciales de calidad, la atención domiciliaria, y, sobre todo, el respeto a la autonomía personal en sus decisiones y elecciones", manifiesta la diputada y portavoz del PPC en la Comisión de Igualdad y Feminismo Belén. Añade que "creemos que es necesario promover planes personalizados de tercera edad activa, ofreciendo actividades físicas, culturales y sociales adaptadas a las necesidades de la gente mayor; aunque no todas pueden tener una tercera edad activa, dependiendo de su situación merecen atención en sus necesidades sociales".

Esquerra Republicana también pretende presentar propuestas de modificación del texto. “Creemos que la proposición de ley presenta carencias para realmente ser una herramienta útil para las personas mayores”, expone la diputada y portavoz del partido en la Comisión de Derechos Sociales Najat Driouech, que señala que “desde la Sectorial de Derechos Sociales y la Coordinadora de las Personas Mayores del partido trabajaremos el tema con conciencia para presentarse.

Mitigar debilidades legislativas

La Proposición de ley de las Personas Mayores reconoce líneas de financiación en varios aspectos, sin embargo, exige concreción. Uno de los puntos regulados es la obligación de las administraciones a garantizar el cobro de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y el complemento automático de las pensiones no contributivas por jubilación y por invalidez, éste último ya en vigencia y con una actualización de incremento del 3% del IRSC desde el año 2025.

Najat Driouech explica en este sentido que precisamente la RGC se está trabajando en ponencia, aunque "es evidente que todo lo que no se concreta en la ley acaba derivando en debilidades en su aplicación, y eso lo queremos revertir con las enmiendas". La diputada popular Belén Pajares asegura que "el voluntarismo político no es suficiente para que se pongan en marcha este tipo de actuaciones, por eso hay que priorizar en lo realmente importante y eliminar gastos superfluos".

Vox, que ha sido el único grupo en presentar una enmienda a la totalidad de la ley, denuncia el hecho de que "el sistema necesita una reflexión y un reordenamiento profundo, por lo que los parches contemplados en la ley son inviables", haciendo referencia a la sostenibilidad financiera de la normativa. El diputado Javier Ramírez y portavoz del partido en la Comisión de Empresa y Trabajo explica que “no estamos de acuerdo con ningún punto de la ley, más allá de la constatación de que existe un reto que afectará a la política social en las próximas décadas”. Desde la agrupación lamentan que "se está haciendo un uso ideológico de una situación que presenta grandes retos de futuro: el envejecimiento de la población y la soledad potencial", añadiendo que "las medidas que se pretenden adoptar son de corte populista, pero en ningún caso serán capaces ni de revertir ni paliar el enorme problema sociodemográfico".

Prueba piloto de atención a la dependencia en Castelldefels

Cataluña acumula actualmente una lista de espera de 38.000 personas pendientes de acceder a una prestación individual, la más alta del Estado, según un informe de la patronal Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra). Precisamente, la proposición de ley de las Personas Mayores marca la mitigación de esta problemática como objetivo de las administraciones públicas. La diputada socialista Mónica Ríos señala que se trata de un "problema que sufren muchos catalanes y catalanas que además no tienen tiempo para esperar, puesto que la necesidad es inminente".

Y reconoce que "aunque esta ley plantea muchos objetivos a abordar, el Gobierno y el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión no está a la espera de aprobar la ley para avanzar en políticas dirigidas a las personas mayores. Tanto es así, que actualmente se ha puesto en marcha una prueba piloto en Vic y Castelldefels, una ventanilla única completa de valoración de la valoración de la proceso de valoración de la del plan individual de autonomía. Esto hará reducir significativamente el tiempo de tramitación y las listas de espera”. Y anuncia que "una vez evaluadas las pruebas, el Gobierno lo hará extensivo a todo el territorio".

El envejecimiento activo da jaque al edadismo

La ley de las Personas Mayores habla de participación, voluntariado y envejecimiento activo, conceptos que dibujan la nueva vejez. Según la diputada del PSC Mónica Ríos, "por suerte, es la realidad de las personas mayores en Cataluña que vivimos más años y la esperanza de vida crece, por eso cuando una persona se jubila sigue consumiendo ocio, viajando o practicando deporte".

En esta línea, pone sobre la mesa el edadismo, una de las problemáticas que el colectivo sufre "y de la que no se habla suficientemente". Añade que "muchos expresan que al jubilarse les da la sensación de pasar a ser invisibles. Ya no son productivos laboralmente y sienten que su opinión no se escucha, que no se tiene en cuenta la experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria vital". Por tanto, “hablando de participación y voluntariado, lo que busca la ley precisamente es revertir esta idea”. De hecho, subraya, la proposición se ha elaborado de la mano de más de 40 personas seniors expertas.

En la misma línea, la diputada del PPC Belén Pajares destaca que "tenemos que darle la vuelta al "edadismo" que ha marcado en las últimas décadas y que ha tendido a despreciar las aportaciones de las personas senior, reconociendo e incorporando su experiencia como un activo valioso".