Hemos aprobado en el Parlamento de Cataluña la Ley de la Filmoteca Nacional de Cataluña con un amplísimo consenso: todos los grupos han votado a favor, excepto el Partido Popular, que se ha abstenido, y Vox, que ha votado en contra. Esta no es una ley cualquiera. Es una ley que habla de memoria, de patrimonio, de identidad y de futuro.
Cuando hablamos de cine, a menudo pensamos en una sala oscura, en una pantalla que se ilumina y en una historia que nos atrapa. Pero el cine es mucho más que eso. Es memoria, es patrimonio, es identidad. Martin Scorsese decía que “el cine es una cuestión de qué está en el encuadre y qué queda fuera”. Y precisamente para decidir qué no queremos que quede fuera de nuestra memoria colectiva, Cataluña ha dado un paso adelante con la creación del Instituto de la Filmoteca Nacional de Cataluña.
Esta nueva institución no es un simple cambio de nombre ni una reorganización administrativa. Es una herramienta necesaria para garantizar que nuestro patrimonio cinematográfico —un patrimonio que incluye películas, fotografías, carteles, guiones, aparatos técnicos, documentos, memoria oral y mucho más— se preserve, se proteja y se ponga al alcance de todos. El cine, como recuerda la UNESCO, es un bien cultural que debe conservarse por sus valores artísticos, históricos y sociales, y también como expresión de la diversidad de los pueblos y las naciones. Cataluña no es una excepción.
La Filmoteca de Cataluña existe desde 1981 y, desde entonces, ha realizado un trabajo extraordinario. Ha recuperado films perdidos, ha restaurado obras que estaban en riesgo de desaparecer, ha creado un centro de conservación y restauración de referencia internacional y ha convertido la sede del Raval en un espacio de cultura abierto, vivo y querido. Pero el mundo del cine ha cambiado profundamente: la digitalización, la fragilidad de los formatos, la proliferación de nuevos contenidos y la necesidad de preservar también el patrimonio técnico y documental han hecho evidente que era necesario un marco jurídico más robusto y una estructura más autónoma.
La nueva ley responde a esta necesidad. El Instituto de la Filmoteca Nacional de Cataluña nace como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Esto significa que podrá actuar con mayor agilidad, tomar decisiones con mayor rapidez y adaptarse mejor a los retos tecnológicos y culturales de un sector en transformación constante. La ley establece claramente sus funciones: recuperar, preservar, catalogar y restaurar el patrimonio cinematográfico; incorporar la nueva producción catalana; conservar series y obras audiovisuales vinculadas al depósito legal; adquirir fondos documentales; asesorar a museos, archivos y bibliotecas; y difundir la cultura cinematográfica en todo el país y en el mundo.
Una de las aportaciones más relevantes de la ley es la definición precisa de lo que entendemos por patrimonio cinematográfico. No hablamos solo de películas. Hablamos de patrimonio fílmico, documental, técnico, industrial y arquitectónico. Hablamos de cámaras, proyectores, maquinaria, vestuario, decorados, fotografías, revistas, grabaciones sonoras, guiones, carteles y todo aquello que forma parte de la historia del cine. Hablamos también de la memoria de los oficios, de los procesos y de las tecnologías que han hecho posible el cine a lo largo de más de un siglo. Todo esto es patrimonio, y todo esto merece ser preservado.
La ley también refuerza la dimensión educativa y social de la Filmoteca. El cine es una herramienta poderosa para entender el mundo y para explicarnos como sociedad. Por eso, el Instituto deberá promover programas de formación, facilitar el acceso de las escuelas al patrimonio audiovisual, impulsar proyectos comunitarios y garantizar que las obras sean accesibles para todos. La cultura cinematográfica no puede ser un lujo ni un espacio reservado a especialistas: debe ser un bien compartido.
Otro elemento clave es la política de colecciones. La ley establece que la Filmoteca debe seguir el código de ética de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, velando por la integridad de las colecciones y protegiéndolas de cualquier manipulación o censura. También fija principios como la diversidad, la documentación rigurosa de los procesos de preservación y la reversibilidad de las intervenciones. Son criterios que sitúan a la Filmoteca al nivel de los grandes archivos internacionales y que garantizan que el patrimonio se trate con el respeto y el cuidado que merece.
La creación del Instituto también permite separar claramente la Filmoteca del Instituto Catalán de las Empresas Culturales, que tiene un objetivo diferente: el fomento del sector cultural y creativo. La Filmoteca necesita una gestión específica, centrada en la preservación y la difusión del patrimonio, y la nueva estructura le otorga esta autonomía. Además, la ley prevé un contrato programa con el Departamento de Cultura para definir objetivos, resultados y mecanismos de evaluación, asegurando así una gestión transparente y orientada al servicio público.
En definitiva, esta ley no solo refuerza una institución: refuerza un compromiso. El compromiso de preservar nuestra memoria visual, de garantizar que las generaciones futuras puedan ver, estudiar y disfrutar las obras que explican quiénes somos. El compromiso de situar a Cataluña en el mapa internacional de la preservación cinematográfica. El compromiso de hacer del cine un espacio de cultura, de conocimiento y de cohesión.
Enric Majó decía que “una película es un sueño que se puede volver a ver”. Con esta ley, nos aseguramos de que esos sueños no se pierdan. Que sigan vivos, accesibles y compartidos. Que sigan formando parte de nuestro relato colectivo.
Y eso, para un país que ama su cultura, es una de las mejores decisiones que podemos tomar...
Volver al listado 
