Lluïsa Moret, Elma Saiz y Eva Granados han participado en un acto de precampaña electoral centrado en reforzar el carácter público de las pensiones y la solidaridad entre generaciones. El PSC ha reivindicado en Sant Boi la defensa del sistema público de pensiones durante el acto «Con las pensiones no se juega», celebrado este lunes en el marco de la precampaña electoral. En la imagen que encabeza esta información, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno central, Elma Saiz, flanqueada por Eva Granados, a la izquierda, y Lluïsa Moret, a la derecha.

La vicesecretaria primera y portavoz del partido, Lluïsa Moret, que también es alcaldesa de Sant Boi y presidenta de la Diputación de Barcelona, ha defendido un modelo «robusto y sostenible» que garantice las pensiones actuales y proteja también a las generaciones futuras.

Acusaciones de abrir la puerta a la privatización

En una conversación con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y Eva Granados, número dos de la candidatura socialista al Congreso por Barcelona, Moret ha presentado las pensiones como un derecho y una garantía de dignidad, autonomía y solidaridad intergeneracional. También ha acusado al PP y a Vox de difundir mensajes que, según ha afirmado, cuestionan el sistema público y abren la puerta a su privatización.

Moret ha situado la equidad, la suficiencia y la sostenibilidad como los principios que han guiado la acción del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia. En este sentido, ha reivindicado la revalorización de las pensiones y las mejoras en las prestaciones no contributivas y de viudedad, en contraste con el incremento del 0,25% aplicado durante la etapa del PP.

Sostenimiento de las familias

La alcaldesa de Sant Boi también ha recordado el impacto de la crisis económica iniciada en 2008 y ha señalado que las pensiones de muchas personas mayores ayudaron a sostener a familias que habían perdido el empleo o la vivienda.

Saiz ha defendido que las pensiones se seguirán actualizando de acuerdo con el IPC y ha destacado el compromiso con las prestaciones más bajas, que —según ha afirmado— han aumentado por encima de la inflación. La ministra ha rechazado los discursos que generan incertidumbre sobre el futuro del sistema y ha recordado que las pensiones son un derecho reconocido por ley.

Granados, por su parte, ha reivindicado el sistema de reparto como una expresión del contrato social: las personas que trabajan hoy contribuyen a pagar las pensiones de quienes han trabajado antes, con la confianza de que las generaciones futuras mantendrán este compromiso.