En medio de un contexto marcado por la crisis de la vivienda, la precarización del derecho a vivir con dignidad y la creciente desconfianza hacia las instituciones, hay historias que, a pesar de haber desaparecido del foco mediático, sigan abiertas. El caso de “El Barco” es una de ellas. Más allá de escombros y expedientes administrativos, lo que queda son personas: vecinos que vieron cómo casa se desvanecía de un día para otro, familias que sintieron prometidos de realojamiento que hoy todavía esperan, y una realidad incómoda que conecta directamente con el actual debate sobre la vivienda pública, la gestión municipal y la fragilidad de quien queda atrapado entre informes, plazos y silencio.

El edificio "El Barco", situado en la calle de la Riba en Esplugues de Llobregat, es una construcción histórica de los años 50 que fue desalojada en marzo de 2024 debido a presuntos graves daños estructurales y riesgo de derrumbe. Su demolición comenzó a finales de agosto del mismo año, afectando a 38 familias y marcando el fin de un inmueble icónico del que ya sólo quedan fotografías y recuerdos.

Durante el 2024 la cobertura mediática de los desahucios resonó en todo el país, sin embargo, después de casi dos años ya no se habla de ello. Desde nextllobregat.cat nos hemos puesto en contacto con algunos de los antiguos residentes para que expliquen sus experiencias relacionadas con el incidente y que tengan un canal para expresar lo que sintieron desde la frialdad, frugalidad y moderación que les ha aportado el paso del tiempo.

¿Por qué se hundió

Para entender el caso necesitamos el contexto. Antes de que el edificio quedara en responsabilidad del Ayuntamiento, liderado por Pilar Díaz (PSC) —la que fue alcaldesa de Esplugues de Llobregat durante más de 18 años (2006-2024)—, el antiguo propietario era el empresario Miquel Bonet, el cual no se hacía mucho cargo del saneamiento y mantenimiento. La familia Bonet eran dueños de la extensión de terreno que incluye zonas del Parc dels Torrents, por esta razón parte de la edificación estaba afectada por situarse en terrenos calificados de zona verde según el Plan General Metropolitano (PGM) de 1976.

"Cuando Miquel Bonet era el propietario no arreglaba muchas cosas del edificio y le iban metiendo multas, pero una vez pasó a ser propiedad del ayuntamiento no repararon tampoco nada. De hecho, nos comentaron que nos expropiarían y echarían fuera"

En esa misma extensión de terreno se encuentra inmediatamente adyacente el Espai Baronda recuperado de una antigua fábrica de cerámica que funcionó entre finales de los años 40 y 90 del siglo pasado y que desde 2009 aproximadamente es sede de un buen número de servicios municipales y un centro de empresas. La rehabilitación de la fábrica ganó el premio Bonaplata 2010 de Rehabilitación de Bienes Inmuebles. Esta información aporta un imaginario de cómo era el inmueble: pensado y construido para alojar a trabajadores. Pese a que la construcción era antigua se observaba una estructura sólida y un diseño muy firme, que contaba con pequeños huertos junto a la comunidad.

“El día del derrumbamiento justamente habían compostado el Parque del Torrent y el hedor de heces era insoportable, la ciudadania pensava que era El Barco, pero no”

, comenta Maite Rubio, una de les residents que hi vivia a l’edifici conjuntament amb la seva mare. Una vez que el inmueble lleno de viviendas de alquiler perteneció al ayuntamiento se solicitó una serie de inspecciones a raíz de un incidente sin importancia infraestructural “de un falso techo”, explican algunos vecinos que clasifican el evento como “la excusa perfecta”. Según el vecindario "en el edificio siempre pasaban cosas, pequeños escapes, humedades, rendijas, pero nada que no se pudiera solucionar teniendo en cuenta la casuística". Las inspecciones, a cargo de una empresa privada, fueron muy exhaustivas. "Levantaban techos, lo dejaban todo a la postre y trataban las cosas fatales, después hacían cuatro fotos y jodían el campo. Parecía que lo tuvieran guionizado", asegura Maite.

Una semana antes del desalojo, en el pleno municipal, ya se comentaba que iba a pasar lo que ocurrió. Pero sin detalles. Una vez realizadas las inspecciones y el análisis infraestructural encargadas por el ayuntamiento, el vecindario solicitó una segunda opinión, lo que fue denegado, pero encontraron otro camino. "En última hora pudimos entrar con nuestra abogada y un arquitecto que estuvo mirando y que nos aseguró que en la estructura no había riesgo de colapso. Era lo que querían hacernos creer, que todo caería en cualquier momento, pero no era verdad. Lo aceleraron y forzaron todo por qué era la manera más rápida de sacarnos del medio", afirma.

Vecinos: "Pedíamos una segunda valoración, pero ni Pilar Díaz, ni Eduard Sanz, el actual alcalde, querían. La empresa a cargo de las inspecciones parecía fraudulenta"

De dos años a media tarde

Durante los plenos y reuniones anteriores, Maite y Sarai nos explican que el ayuntamiento había establecido un plazo aproximado de dos años hasta que la expropiación y el desalojo fuera una realidad, y que mientras tanto irían haciendo reparaciones. Pero este período se transformó pasada una semana, el 25 de marzo de 2024, una vez se publicaron los informes de inspecciones e infraestructura. Aquellos papeles según un comunicado del ayuntamiento decretaban el estado de ruina y el cese inmediato de la habitabilidad del edificio. Y ese mismo mediodía, posteriormente a una reunión del ayuntamiento en el Espai Baronda donde también se citaron a los vecinos de "El Barco", la comunidad fue notificada de que debían abandonar sus hogares durante la tarde y estar fuera en pocas horas.

"Nos citó el ayuntamiento en el Espai Baronda y después nos dijeron que no podíamos volver a casa, sólo para coger algunas cosas con la policía y marcharse. Fue un engaño para sacarnos a todos"

Por parte del ayuntamiento se puso en marcha un protocolo de desalojo que incluyó la creación de una Oficina Municipal de soporte y atención a las familias afectadas, así como la activación del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB). Intentando reubicar a tantas familias como era posible con urgencia, ofreciendo un alojamiento puntual durante las primeras 48 horas mientras que en colaboración con la Agencia Catalana de la Vivienda a aquellas familias que carecían de una alternativa habitacional inmediata.

Esa noche muchos vecinos la describen como "inhumana". Por ejemplo: Said Elkaid, un vecino que residía con su familia numerosa y con menores de edad, relata que fue una de las peores experiencias de su vida y que no le desea a nadie. "Nos sentimos completamente impotentes, traicionados y nudos ante las instituciones", comenta. "La policía bajaba la mirada y se avergonzaba de lo que hacían"; “Un bombero me dijo que desgraciadamente eran problemas político-sociales y que por su parte no había nada que hacer”; "Fue muy triste, será algo inolvidable", son algunas declaraciones que explican los vecinos.

Al día siguiente la calle de la Riba, sin salida, estaba acordonada por la policía que hacía guardia para que nadie sin permiso accediera y los bomberos realizaron una revisión exterior.

Cuatro paredes y un techo no es un hogar

Cabe recordar el dato, 38 familias. "Fue una vergüenza", repiten residentes de lo que fue "El Barco". La mayoría de contratos de alquiler eran anuales, exceptuando los de renta antigua, por lo que la gran mayoría de inquilinos recibieron una indemnización de unos 10.000 euros o un importe mayor según el estado del contrato, tipo de vivienda y contexto adaptado a cada caso. También podían optar por otros tipos de indemnizaciones de carácter de ingreso mensual. Said Elkaid:

“Nos echaron el día 25 de marzo, yo ya había pagado ese mes de renta, aún sigo esperando a que me devuelva ese dinero”

En cuanto a las reubicaciones, el ayuntamiento estuvo trabajando para ofrecer condiciones adaptadas a las situaciones laborales, jurídicas, educativas y sociales de los vecinos, pero algunos de ellos alegan todo lo contrario. La gran mayoría de familia fueron trasladadas de forma temporal a pisos de alquiler, pisos de la generalidad, pensiones, hoteles, pero como se ha mencionado anteriormente y cómo explican algunas personas desalojadas “sólo nos ayudaron hasta junio".

Said Elkaid - “Como teníamos dinero ahorrado no nos dejaron acceder a los registros porque supuestamente no estábamos en riesgo, pero después tampoco teníamos suficientes ingresos mensuales para permitirnos con viabilidad acceder a una vivienda en el municipio”

Mientras algunas familias de “El barco” vagaban a la deriva pivotante de inmueble a inmueble, o incluso de municipio en municipio llegó en agosto. Durante el verano del mismo año 2024 empezó el derrumbe del edificio, de una manera nada fácil. Según los vecinos, a la maquinaria le costó mucho hacer su trabajo. "Si fuera verdad lo que se decía el edificio se hubiera derrumbado rápidamente, de hecho la estructura era más resistente de lo que nadie se esperaba", explica Sarai. "Creo que se les estropearon las máquinas al ver que no caía", comenta Said. Una vez terminada la operación, se retiraron los escombros y no quedó nada, más que imágenes, recuerdos y un mal gusto. "Era una comunidad normal, no había ningún okupa, las personas se conocen un poco, pero nada fuera de lo común", explica Sarai.

¿El fin de una batalla a contracorriente?

Después de casi 2 años todavía los vecinos reclaman respuestas y soluciones. Algunos de ellos se agruparon para denunciar los hechos en la justicia, con demandas y querellas. "Esperamos que les sancionen por no colaborar con la justicia", explican algunos implicados detrás de estas denuncias, sobre unos presuntos primeros informes o expedientes derivados de inspecciones o actuaciones previas al desalojo que el ayuntamiento no proporciona. Al igual que algunas fuentes se formulan otras especulaciones que consolidan sus desconfianzas con las instituciones municipales señalando posibles vinculaciones de los hechos a intereses políticos o económicos.

Si bien es cierto que la herida no es reciente, todavía sangra y por algunas personas nunca cerrará. Entre la crispación política nacional, la problemática con la edad de emancipación, la falta de vivienda por burbujas inmobiliarias y los alquileres por las nubes es difícil salir hacia delante, algo que han hecho muchas personas que han vuelto una película de miedo en un drama de superación que todavía no ha terminado.

Desde este medio nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat para conocer su versión de los hechos y obtener aclaraciones sobre la situación actual de las familias afectadas, así como sobre el estado de las promesas de reubicación y vivienda pública. Sin embargo, en el momento de la publicación, no hemos recibido ninguna respuesta ni declaración oficial al respecto.